SOCIEDAD INSCRITA EN PARAÍSO FISCAL TIENE EN JAQUE A LOS NATIVOS DE MARLINDA

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Por: Christiam Zabaleta O.

No se puede negar que los Haime Gutt son una familia poderosa. Los miembros de ella aparecen como administradores de al menos 4 sociedades constituidas en un paraíso fiscal. Se trata de la Empresa de Desarrollo Los Morros, S. de R.L.; Desarrollos Serena del Mar S. de R.L.; Inversiones Los Morros (Invermorros), S de R.L.; e Inversiones Playa Dorada, S de R.L, inscritas en el Registro Público de Panamá.

La suma del capital social de las cuatro sociedades es de (1´250.000,00) un millón 250 mil dólares americanos; en pesos colombianos serían (3.663.750.000) 3 mil 663 millones 750 mil pesos.

Los Haime Gutt son unos reconocidos magnates en el país. Carlos Haime Baruch llegó a Colombia proveniente de Cuba en los años 40. Él se casó con Sonia Gutt, hija de Tila y Moris Gutt. En la década de 1950 fundó la compañía ‘Grasco’, (La Fina), que se convirtió en un conglomerado empresarial, que en 2009 reportó ventas por 961 mil millones de pesos.

Además, Carlos Haime fue el fundador de muchas empresas como: Indupalma, Detergentes S.A., entre otras, lo que hizo que se le catalogara como un hombre exitoso en los negocios. Por esta trayectoria empresarial, la Presidencia de la República, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez [2007], lo condecoró con la orden al mérito empresarial y la Cruz de Boyacá.

Antes de su fallecimiento, Carlos Haime Baruch transfiere el 50% de sus bienes a su hijo, Daniel Haime Gutt, quien es el heredero de esta fortuna y recibe el legado de expandir la visión de su padre, es decir, continuar creando empresas y sociedades.

Es así como este medio pudo descubrir que dos de las sociedades panameñas de los Haime Gutt tienen sucursales en Colombia. Me refiero a la Empresa de Desarrollo Los Morros y Desarrollos Serena del Mar, [Esta última antes de ser creada era una sociedad anónima llamada Lagotto Business INC].

El capital de las dos sucursales supera los 3 mil millones de pesos, según los registros de la Cámara de Comercio de Bogotá. Daniel Haime Gutt es el representante legal de ambas sociedades colombianas, y lo acompañan Salomón Finvarb Misshaan [Socio y amigo de su finado padre] y Rafael Simón Del Castillo Trucco [Presidente de Novus Civitas y de la Junta Directiva del Consejo Gremial de Bolívar].

La Firma Novus Civitas es la gestora del proyecto ‘Serena del Mar, La Ciudad Soñada’, que se desarrolla en la zona norte de Cartagena. Aunque los Haime Gutt gozan de un prestigio y buen nombre en la élite colombiana e internacional, en varias oportunidades los miembros de esta familia y sus proyectos inmobiliarios se han visto envueltos en polémicas y líos jurídicos. Uno de ellos, fue la oposición que presentaron a la solicitud de titulación colectiva de tierras, que hizo el Consejo Comunitario de Marlinda, mediante la ley 70 de 1993. Esta petición les fue negada a los nativos, debido a que los Haime Gutt alegaron que los terrenos les pertenecían, de acuerdo a la escritura pública número 3652 del 5 de septiembre de 1968 de la Notaría Tercera de Santa Fe de Bogotá. Este conflicto acerca de los verdaderos dueños de las tierras lo resolvió el INCONDER, quien ratificó como propietarios a Carlos Haime Baruch y Sonia Gutt de Haime.

Otro pleito que han enfrentado, pero desde la Sociedad Desarrollos Serena del Mar ha sido por la solicitud de concesión [Para la construcción de la marina club, marina pública, marina Puerto Carlos y zona de amarre en la ciénaga de Juan Polo]. Por esta petición, los pescadores, buceadores, palangreros, colocadores de atarraya, organizaciones de turismo y Consejos Comunitarios de La Boquilla, presentaron varias oposiciones por las afectaciones económicas, que padecerían por las tres marinas, debido a que su sustento, proviene del espejo de agua, donde se construirían, sin embargo, la DIMAR le concedió la concesión a Serena del Mar. Hasta hoy, los Haime Gutt han ganado todas las peleas.

Sin embargo, esta misma suerte no les sopla a los marlindenses, por el contrario han tenido que enfrentar dos acciones populares, que se les suma a sus luchas. La primera, fue en 2002, pero no prosperó. Sin embargo, la segunda, que presentó David Leonardo Sandoval, en 2011, por la supuesta violación de los derechos colectivos de la comunidad, falló a favor del amparo, y ordenó la reubicación de los nativos a no menos de 2 kilómetros del litoral y la restitución del “espacio público”.

Esta sentencia del Tribunal Administrativo de Bolívar es la que los tiene en vilo, porque están a punto de perder la tierra, que han habitado históricamente. A pesar de la apelación que instauraron, el Consejo de Estado ratificó la decisión de primera instancia, pero ¿Cómo un magistrado ordena restituir “el espacio público”, cuando está demostrado que los terrenos son propiedad privada, que les pertenecen a los Haime Gutt? ¿Por qué el Tribunal llega a esas conclusiones? ¿O es un fallo amañado? ¿Determinar en la sentencia que el perímetro habitacional de Marlinda es “espacio público”, para así ordenar la supuesta “restitución”, que daría vía libre a Serena del Mar, para que construya las marinas y el club de playa? ¿Dónde se ejecutarían las acciones, que ordena el fallo a la DIMAR y la Alcaldía; a la primera para ejercer soberanía, y a la segunda para evitar nuevas “invasiones”; si Serena del Mar construiría en el área de “restitución”, un lujoso espacio de recreación familiar? ¿Acaso el magistrado no se percató de tantas contradicciones?

Actualmente no hay medidas cautelares, que proteja a los marlindenses de una inminente reubicación, mientras se resuelve la tutela y el recurso de revisión. Por lo que las autoridades competentes deben acatar la decisión judicial.

Dentro de las acciones adelantadas por la Alcaldía, para reubicar a las familias, la Fundación Sonia y Carlos Haime ofreció la suma de 2 mil 700 millones de pesos representados en la compra del lote, para el proyecto de viviendas de interés prioritario ‘Puerto Tierra Baja’, en una zona alejada del mar.

Otra de las diligencias recientes adelantadas por el Distrito de Cartagena, la hizo el exsecretario de Planeación, Irvin Pérez Muñoz, con la firma del polémico contrato de los 3 mil 400 millones de pesos, que fue adjudicado al arquitecto, Julio Gómez Sandoval [Único participante en el concurso de méritos]. Uno de los tres objetos de ejecución del contrato especificaba: “los estudios necesarios, para la propuesta de reubicación de los nativos de Marlinda y Villa Gloria”. Hay que recordar que Irvin Pérez está casado con Isabel Cristina Mathieu, quien es la gerente de la Fundación Serena del Mar.

Por ahora los vientos son contrarios, para los nativos y la única esperanza recae en la última decisión, que tendría una corte colombiana en manos de la Sección Cuarta del Consejo de Estado. Si la Sección ratifica la sentencia de reubicación dictada por el Tribunal Administrativo de Bolívar sería el inicio del exterminio de una comunidad anfibia, que ha habitado en un territorio históricamente y conservado prácticas ancestrales, heredadas de los pueblos aborígenes asentados hace miles de años a orillas del mar Caribe.

Entonces, los nativos que son pescadores por genética les tocaría convertirse forzosamente en agricultores y cazadores, y su primera vista al despertar ya no sería el horizonte, que se visiona en las aguas azules del océano Atlántico, sino la fatídica selva tropical depredada por los proyectos del viaducto y anillo vial. Ante la crítica situación, que tendrían que enfrentar, planteo las siguientes interrogantes: ¿los nativos podrán adaptarse al nuevo hábitat? ¿O esto será la génesis de su desaparición? ¿Qué oportunidades laborales habrá para quienes el sustento proviene de la pesca, el comercio en las playas y el ecoturismo de mangles? ¿Qué pasará con las familias de ahora en adelante? ¿Se podrá catalogar esta reubicación como una violación al artículo 7 de la Constitución, en el que supuestamente el Estado reconoce y garantiza la diversidad étnica y cultural de la Nación? ¿Quiénes son los culpables de esta exclusión territorial? ¿Será el Estado, la justicia, el Distrito, el accionante o los empresarios de los grandes proyectos, que avanzan en la zona?

Por el momento, desde la penumbra se percibe la repetición de una persecución y expropiación de tierras, la misma que tuvieron que enfrentar nuestros indígenas, cuando llegaron los conquistadores españoles, para adueñarse del oro; solo que ahora los ricos quieren las mejores playas de Punta Icacos, los mangles y la ciénaga de Juan Polo, para la construcción de sus mega obras, que son vendidas por miles de millones a europeos, quienes nuevamente se apoderarían de las tierras, que siempre nos han pertenecido, por haber nacido en las Indias y específicamente a orillas del mejor océano del planeta.

¿Cuál será el final de esta historia? Concluirá con el mismo amanecer azul que a diario contemplan los nativos, o iniciará con una intensa lluvia de nuevos problemas sociales, que se sumarían a los ya existentes, y que tienen a Cartagena hecha un fango, mientras que el cielo en la vereda de Marlinda amenaza con una terrible tormenta, a recién nacidos, niños, jóvenes, mujeres, ancianos, y pescadores, que quedarán a la deriva, y después se preguntan: ¿De dónde nace la violencia? Sin embargo, antes de que esto suceda es obligatorio consultarle al Gobierno Distrital, Concejales, Senadores y Representantes por Bolívar ¿Actuarán para evitar el desastre o contribuirán como rayos, vientos y centellas al exterminio de esta aldea ancestral? La ciudad, y en especial los nativos esperan sus respuestas…

El autor es periodista.

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